El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron este jueves un ambicioso proyecto de reforma del Código Penal argentino en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La iniciativa, que será enviada al Congreso para su tratamiento, propone una actualización integral de la normativa penal vigente desde 1921, con el objetivo de endurecer penas, acelerar procesos judiciales y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas.

Entre los principales cambios, el proyecto eleva las penas para delitos como homicidios, robos, corrupción y crímenes organizados, e incorpora nuevas figuras delictivas, incluyendo estafas piramidales, secuestros virtuales, hostigamiento digital y usurpaciones. Además, establece la imprescriptibilidad de delitos graves como homicidios agravados, abusos sexuales, trata de personas, terrorismo y narcotráfico, eliminando la posibilidad de que los responsables evadan la acción de la Justicia por el paso del tiempo.

La reforma también contempla la baja de la edad de imputabilidad a 13 o 14 años, según el delito, con el objetivo de enfrentar la utilización de menores por parte del narcotráfico. Más del 80% de los delitos previstos en el nuevo Código tendrán cumplimiento efectivo de prisión, limitando la aplicación de condenas en suspenso y la liberación anticipada, especialmente para reincidentes y delitos graves.

Durante la presentación, Milei enmarcó la reforma dentro de su proyecto político, afirmando que "el orden es condición de la libertad y la prosperidad" y criticando el garantismo que, según él, debilitó a las fuerzas de seguridad. Bullrich, por su parte, subrayó que "el que roba, va en cana", y defendió la ampliación del catálogo de delitos y el endurecimiento de las sanciones.

El acto contó con la presencia de funcionarios, fuerzas de seguridad y el diputado José Luis Espert, cuya participación fue relegada en medio de polémicas internas. El oficialismo instó al Congreso y a la ciudadanía a respaldar la iniciativa, argumentando que su aprobación es fundamental para garantizar una sociedad más segura.

La propuesta se presenta en un contexto de crecientes demandas sociales por mayor seguridad y en plena campaña electoral, lo que refuerza su centralidad en la agenda política actual. El debate parlamentario definirá el alcance y la viabilidad de la reforma, que promete transformar el sistema penal argentino.