El caso de Brisa Páez, una joven marinera de 21 años que sufrió graves lesiones durante un entrenamiento antidisturbios de la Armada Argentina, ha desatado una fuerte polémica sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. El incidente ocurrió el pasado 4 de abril en la base naval de Vicente López, donde Páez participaba en un simulacro que incluyó violencia física extrema por parte de los instructores.

Según testimonios de compañeros, el ejercicio consistió en simular una represión de disturbios civiles, durante el cual Páez recibió una patada violenta que la hizo caer de espaldas, golpeándose la cabeza contra el suelo. La joven fue trasladada al Hospital Militar Central tras sufrir convulsiones y fue inducida a un coma farmacológico. Los médicos diagnosticaron daño axonal difuso, una lesión cerebral grave.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, ordenó la detención de nueve militares, incluidos instructores y supervisores, y ha solicitado documentación para esclarecer el origen de estos entrenamientos. Testigos han señalado que los ejercicios no son habituales y que los participantes no recibieron preparación adecuada. Además, algunos relatos sugieren que Páez fue objeto de un trato más violento, posiblemente relacionado con una relación personal previa con uno de los instructores.

El Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, ha argumentado que estos entrenamientos están amparados por la Ley de Seguridad Interior, que permite a las fuerzas custodiar sus instalaciones. Sin embargo, expertos y organismos de derechos humanos han cuestionado esta interpretación, señalando que la militarización de tareas de seguridad interior podría violar normas democráticas.

El caso se produce en un contexto de expansión del rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior bajo el gobierno de Javier Milei. Decretos recientes han otorgado a las fuerzas la custodia de "objetivos estratégicos" y la posibilidad de intervenir en amenazas internas como el narcotráfico y el terrorismo. Estas medidas han sido criticadas por organismos como el CELS, que advierten sobre un "estado de sitio virtual".

El incidente ha generado reacciones diversas. Senadores de la oposición han solicitado la interpelación del ministro Petri, mientras que desde el ámbito militar algunos justifican los ejercicios como necesarios para la seguridad de instalaciones. Otros, sin embargo, los consideran excesivos y fuera del marco legal.

El caso de Brisa Páez recuerda otros episodios de violencia en entrenamientos militares, como el de Omar Carrasco en 1994, y plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas de seguridad en Argentina. Mientras la joven continúa su recuperación, el país debate los límites entre defensa y seguridad interior, y las implicaciones de militarizar tareas tradicionalmente reservadas a las fuerzas de seguridad.