Federico “Fred” Machado, empresario argentino dedicado a la aviación y la minería, fue extraditado la semana pasada a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de activos y estafa. Tras cuatro años de prisión domiciliaria en Viedma, Machado fue trasladado a Texas, cumpliendo con la solicitud de extradición emitida en 2021 por la justicia estadounidense. La Corte Suprema argentina autorizó el proceso este año, bajo la condición de que se garantizara atención médica adecuada durante su detención, citando tratados internacionales sobre derechos humanos.

Al llegar a Texas, Machado fue presentado ante el juez federal Bill Davis. En la audiencia, su abogada Jamie Hoxie Solano denunció que el empresario no recibió la medicación prescrita, esencial para su salud, durante más de 24 horas en la cárcel del condado de Fannin. La defensa solicitó al magistrado que ordenara la administración inmediata del tratamiento y, de ser necesario, el traslado a un centro médico especializado. Machado manifestó sentirse mal, pero aceptó continuar con el proceso judicial.

Machado se declaró “no culpable” y rechazó colaborar con la fiscalía, lo que elimina la posibilidad de negociar una reducción de pena a cambio de información sobre otros involucrados. Esta decisión acota la posibilidad de que el empresario aporte datos sensibles sobre el financiamiento de campañas políticas argentinas, como la del diputado José Luis Espert, a quien la fiscalía estadounidense vincula con una transferencia de US$200.000 realizada por Machado en 2020. La documentación bancaria y la matrícula de un avión utilizado por Espert en Argentina forman parte de las pruebas presentadas en el expediente criminal.

El caso de Machado está relacionado con el de su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada en mayo de 2023 a 16 años de prisión por fraude y lavado de activos. La fiscalía sostiene que Machado fue esencial en la operación, proveyendo capital y clientes vinculados al narcotráfico, mediante un entramado de empresas de fachada y contratos fiduciarios.

El juicio oral contra Machado está previsto para 2026, con una audiencia previa en enero. Mientras tanto, el empresario permanecerá detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin, una cárcel privada que ha sido objeto de denuncias por deficiencias en la atención médica a reclusos. La decisión de Machado de no colaborar con la justicia es interpretada como un alivio para algunos actores políticos argentinos, aunque el caso sigue generando repercusiones en ambos países. Las implicaciones futuras dependerán del desarrollo del proceso judicial y de la información que pueda surgir durante el juicio.