El reciente fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, ha provocado una fuerte reacción en el ámbito político, judicial y económico del país. La decisión, que surge tras años de litigio por la expropiación de la petrolera en 2012, implica un potencial daño económico de hasta 16.000 millones de dólares y pone en jaque la soberanía sobre la principal empresa energética nacional.

El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, presentó un escrito ante la justicia estadounidense solicitando la suspensión del fallo y anunció que apelará la medida en los próximos días. "La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. El Ejecutivo sostiene que la jueza Preska se excedió en su jurisdicción y que la transferencia de acciones es materialmente imposible, ya que están registradas en la Caja de Valores y requieren aprobación legislativa.

En paralelo, legisladores de distintos bloques, como Miguel Pichetto y Maximiliano Abad, impulsan proyectos para blindar las acciones de YPF y ratificar la ley de expropiación votada en 2012. Mientras tanto, el fiscal Ramiro González y diputados opositores buscan reactivar causas judiciales por presuntas irregularidades en la reestatización de la petrolera, involucrando a exfuncionarios y empresarios vinculados al proceso.

El caso YPF refleja una larga historia de tensiones entre política, recursos energéticos y soberanía nacional en Argentina. La expropiación de 2012, impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, generó controversias legales que derivaron en demandas internacionales lideradas por el fondo Burford, que adquirió los derechos litigiosos de la familia Eskenazi, antiguos accionistas de la compañía.

Analistas advierten que la posición negociadora de Argentina es frágil y que el país debe fortalecer su respaldo económico e institucional para evitar consecuencias más graves. El Congreso es señalado como un actor clave para consensuar estrategias que permitan enfrentar el litigio sin debilitar al Estado. Mientras tanto, el proceso judicial sigue abierto y el futuro de YPF, así como la credibilidad internacional de Argentina, permanecen en juego.