Un DJ de 31 años, oriundo de Caucete, San Juan, permaneció 127 días detenido en el penal de Chimbas tras ser acusado de abuso sexual agravado por la hija de su pareja. La denuncia, presentada el 1 de noviembre de 2025 por el padre de la adolescente de 15 años, desencadenó una investigación que llevó a la prisión preventiva del joven, pese a las inconsistencias señaladas por su defensa desde el inicio del proceso.

Según el relato inicial, la menor habría sido víctima de abusos sexuales, lo que la llevó a una crisis emocional e intento de suicidio. La Justicia actuó rápidamente, imputando al DJ y ordenando su detención. Sin embargo, durante la investigación, no se hallaron pruebas médicas ni testimoniales que confirmaran el abuso, y la defensa, encabezada por los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre, insistió en la falta de convivencia entre el acusado y la denunciante, elemento clave para el agravante.

El giro en la causa se produjo cuando la adolescente solicitó declarar nuevamente ante los equipos interdisciplinarios de la UFI ANIVI. En esa instancia, se retractó completamente y confesó que había inventado la historia con la intención de provocar la separación de su madre y el DJ, esperando que sus padres biológicos retomaran la relación. Esta confesión llevó al fiscal Mariano Juárez Prieto a solicitar el sobreseimiento total y definitivo del acusado, al no existir delito alguno.

A pesar del pedido del Ministerio Público Fiscal, el DJ continúa detenido a la espera de que la jueza de garantías Gloria Chicón resuelva el planteo y ordene su liberación. El caso ha generado un fuerte impacto en la provincia y reabierto el debate sobre las consecuencias de las denuncias falsas y el uso de la prisión preventiva, especialmente cuando la investigación no ha acreditado de manera firme la existencia de un delito.

El entorno del DJ asegura que el daño a su reputación y vida personal es irreparable, y la defensa no descarta iniciar acciones legales por los perjuicios sufridos. Mientras tanto, la situación judicial de la adolescente podría derivar en nuevas responsabilidades legales. El caso deja en evidencia la necesidad de investigaciones exhaustivas y cautela en la aplicación de medidas restrictivas de la libertad, para evitar injusticias irreparables.