La Justicia argentina avanza en la ejecución de la sentencia por la causa Vialidad, que condenó a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros ocho acusados por defraudación al Estado en la asignación de obras públicas. Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el monto a devolver al Estado fue estimado en 84.800 millones de pesos, equivalentes a unos 500 millones de dólares, aunque la cifra será actualizada por peritos de la Corte Suprema.

El fallo establece que los condenados tienen un plazo de 10 días hábiles para depositar el dinero correspondiente. De no cumplirse este requisito, la Justicia procederá a la ejecución y subasta de los bienes embargados, entre los que se encuentran propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, empresas familiares y cuentas bancarias. Entre los inmuebles figuran el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, hoteles y otras propiedades que fueron donadas a sus hijos en 2016, pero que igualmente pueden ser alcanzadas por el decomiso.

La causa Vialidad investigó la adjudicación irregular de 51 obras públicas viales a Lázaro Báez, empresario cercano a la familia Kirchner, en la provincia de Santa Cruz. El tribunal determinó que la maniobra generó un perjuicio millonario al Estado, con sobreprecios y colusión en los procesos licitatorios. La fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) han insistido en la necesidad de mantener los embargos y medidas cautelares para asegurar el pago y el recupero de activos, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

La defensa de la expresidenta solicitó el levantamiento de los embargos, argumentando la desproporción entre los bienes embargados y lo reclamado, pero la Justicia rechazó el pedido por considerar que existe "verosimilitud del derecho y peligro en la demora". Además, se subraya que los bienes ofrecidos por la defensa son insuficientes para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual sentencia condenatoria.

El caso ha generado un intenso debate público sobre el destino de los fondos recuperados y el impacto político de la condena. La fiscalía sostiene que el decomiso debe cumplir una función social y resarcir de manera integral el daño ocasionado al Estado. Mientras tanto, la Justicia continúa con la tasación y preparación de los bienes para su eventual subasta, en caso de que los condenados no cumplan con el pago exigido.