La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) se sumó a más de 300 entidades profesionales y organizaciones de la sociedad civil que manifestaron su rechazo a la propuesta oficial de derogar la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, vigente desde hace cinco años. El proyecto, presentado en el Congreso con respaldo del oficialismo y la industria alimentaria, busca eliminar los octógonos negros que advierten sobre excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías en productos ultraprocesados.

Según la SAC, estos sellos constituyen una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en Argentina. "La evidencia científica demuestra de manera contundente que una alimentación caracterizada por un elevado consumo de productos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías contribuye al desarrollo de obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica", señalaron los cardiólogos en un comunicado. Además, advirtieron que la derogación de la ley implicaría un retroceso en el derecho de la población a recibir información clara y visible sobre los productos que consume.

El Gobierno y las empresas del sector argumentan que los octógonos pueden confundir a los consumidores y aumentar los costos de producción, además de no adecuarse a las normas del Mercosur. Sin embargo, organizaciones de salud pública sostienen que el etiquetado frontal facilita decisiones de compra más informadas y promueve una mayor conciencia sobre la calidad nutricional de los alimentos.

La ley también regula la publicidad de alimentos dirigida a niños y adolescentes, promueve entornos escolares saludables y fomenta la educación alimentaria. Modificaciones recientes ya habían flexibilizado la norma, limitando el alcance de los sellos y la protección a menores.

En un país donde el sobrepeso infantil alcanza el 12,6% y la obesidad adulta supera el 25%, el debate sobre el etiquetado frontal refleja la tensión entre salud pública, intereses industriales y el rol del Estado en la regulación alimentaria. El Congreso deberá decidir si mantiene o elimina una herramienta considerada clave por especialistas y organizaciones médicas para la prevención de enfermedades crónicas.