El Senado argentino se encuentra en el centro de un intenso debate por la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca redefinir el alcance de las áreas protegidas y habilitar la explotación minera en zonas actualmente vedadas. El proyecto, que será tratado este jueves, apunta a limitar la protección a glaciares y geoformas periglaciales con función hídrica comprobada, lo que reduciría el área bajo resguardo en comparación con la legislación vigente.

El oficialismo sostiene que la reforma es clave para destrabar inversiones mineras, especialmente en provincias cordilleranas como San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca, donde la minería de cobre y litio representa una oportunidad económica significativa. "La aclaración de la ley lo que busca es proteger el agua, es ratificar la protección del agua y en qué lugares no se puede hacer actividad", defendió la senadora Flavia Royón, una de las impulsoras del proyecto. El texto otorga mayor autonomía a las provincias para definir qué áreas constituyen reservas estratégicas y autorizar emprendimientos, aunque mantiene la consulta obligatoria al Inventario Nacional de Glaciares.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y parte de la comunidad científica, que advierten sobre el riesgo de habilitar la megaminería en zonas sensibles y la posible pérdida de reservas de agua dulce. "Esto es una reforma constitucional encubierta. Si se aprueba una ley aclaratoria retroactiva, todos los emprendimientos en zona crítica van a quedar habilitados inmediatamente", alertó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. El diputado Nicolás del Caño también denunció que la reforma responde a intereses del "lobby minero" y llamó a la movilización para defender la ley vigente.

El debate parlamentario se da en un clima de negociaciones intensas. El oficialismo no cuenta con una mayoría asegurada y depende de los votos de senadores peronistas de provincias cordilleranas, quienes evalúan el impacto económico de la reforma en sus distritos. Parte de la oposición denuncia falta de transparencia en la revisión del texto final y cuestiona la premura del tratamiento. El resultado de la votación será clave para el futuro de la protección ambiental y el desarrollo minero en la Argentina, en un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la gestión de los recursos hídricos.