Cinco mujeres detenidas en la Unidad 51 de Magdalena, provincia de Buenos Aires, denunciaron haber sido víctimas de torturas y abusos sexuales por parte de personal penitenciario, en un hecho que conmocionó a la opinión pública y movilizó a organismos de derechos humanos. Según la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los hechos ocurrieron el 3 de junio, tras una pelea entre reclusas que derivó en una intervención violenta de agentes penitenciarios, tanto masculinos como femeninos, bajo la supervisión de la jefa del penal, Daiana Balmaceda.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la CPM y difundidos por medios nacionales, las detenidas fueron sometidas a golpizas, uso de gas pimienta, desnudamientos forzados y abusos sexuales. Dos de las mujeres denunciaron haber sido víctimas de violación por parte de agentes masculinos, quienes además emplearon técnicas de tortura como el "submarino". Una de las víctimas relató: "Hasta una golpiza me banco porque soy presa, pero me ultrajaron, me humillaron". Tras los hechos, una de las detenidas intentó suicidarse y otras fueron trasladadas a diferentes unidades penitenciarias.

El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación, calificó la denuncia como "totalmente creíble" y avanza con la toma de testimonios. El Ministerio de Justicia bonaerense, encabezado por Juan Martín Mena, consideró verosímiles los relatos y dispuso la separación preventiva de los penitenciarios involucrados, además de la remoción de la cúpula del penal. Paralelamente, se iniciaron sumarios administrativos para determinar las responsabilidades individuales.

El caso se produce en el contexto del aniversario de "Ni Una Menos", con movilizaciones en todo el país contra la violencia de género. Organismos como la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron sobre el retroceso en la prevención de la tortura en cárceles argentinas y exigieron sanciones ejemplares. El juez Juan Pablo Masi, sin embargo, rechazó la participación de la CPM como querellante institucional, argumentando que la presentación era prematura.

El hecho generó un fuerte repudio social y renovó los pedidos de reformas estructurales en el sistema penitenciario bonaerense. Se espera que la investigación judicial avance para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.