Un grave episodio de inseguridad vial sacudió a la comunidad educativa de Munro, en el norte del Gran Buenos Aires, cuando un chofer encargado de trasladar a un grupo de 60 estudiantes a su viaje de egresados en Cariló fue detectado bajo los efectos de cocaína y marihuana. El hecho ocurrió durante una parada en Munro, donde los padres, alertados por el comportamiento sospechoso del conductor, exigieron la realización de controles de alcoholemia y drogas.

Según relataron los padres, el micro había partido desde Exaltación de la Cruz y realizó paradas en Escobar y Munro para recoger más alumnos. La preocupación creció cuando el chofer se negó inicialmente a someterse al test de drogas y se encerró en el vehículo, lo que motivó la intervención de la policía. Finalmente, tras varios intentos, el test arrojó resultado positivo para cocaína y marihuana.

A pesar de la gravedad del resultado, el conductor no fue detenido ni se le retuvo la licencia. "Lo vinieron a buscar de la empresa y se fue manejando", relataron los padres, quienes también denunciaron que la empresa de transporte envió a un segundo chofer que no cumplía con las horas de descanso reglamentarias. Solo tras la llegada de un tercer conductor, que sí estaba en condiciones, el viaje pudo continuar hacia la costa atlántica, con algunos padres escoltando el micro para garantizar la seguridad de los estudiantes.

La indignación de las familias se tradujo en una denuncia formal ante el Tribunal de Faltas de Vicente López, responsabilizando tanto al chofer como a la empresa por la falta de controles y supervisión. El caso reavivó el debate sobre la seguridad en los viajes escolares y la eficacia de los controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), especialmente tras los recortes presupuestarios que afectan a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Diego Molina, activista de la ONG Conduciendo a Conciencia, lamentó la situación y advirtió: "Estamos en manos de nadie". Molina recomendó a los padres exigir controles previos y documentación a las empresas de transporte, aunque reconoció que la responsabilidad última recae en el Estado. El episodio pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y garantizar la seguridad de los estudiantes en los viajes escolares.