El viaje de regreso de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y su esposa Bettina Angeletti desde Nueva York tras la participación en la "Argentina Week 2026" ha desatado una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos. Según documentación presentada ante la Justicia, los pasajes de ambos superaron los 10.000 dólares, con Adorni pagando 4.910,35 dólares y Angeletti 5.154,55 dólares, ambos en primera clase en un vuelo de Delta el 14 de marzo de 2026.

La reserva de Adorni fue emitida a nombre de la Jefatura de Gabinete, mientras que desde su entorno aseguran que la esposa pagó su propio ticket. Sin embargo, la inclusión de Angeletti en la comitiva oficial generó controversia, ya que contradecía las restricciones impuestas por el propio gobierno sobre el uso de aeronaves y recursos oficiales para funciones estrictamente públicas. La polémica se intensificó cuando se conoció que la pareja viajó en el avión presidencial en el tramo de ida y que la estadía en Nueva York coincidió con actividades oficiales y privadas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo investigan si los gastos del viaje y otras operaciones inmobiliarias y vuelos privados de la familia Adorni son compatibles con los ingresos declarados. Como parte de la investigación, se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, así como información detallada sobre sus bienes y movimientos financieros desde que asumió el cargo.

La causa se originó tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió un presunto incremento patrimonial no justificado en la familia Adorni. El funcionario, por su parte, defendió públicamente la presencia de su esposa en la comitiva y negó cualquier irregularidad, asegurando que los gastos personales fueron afrontados con recursos propios y que su situación patrimonial será aclarada en su próxima declaración jurada.

El caso ha generado repercusiones políticas y críticas en redes sociales, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar si existió uso indebido de fondos públicos o enriquecimiento ilícito. El desenlace dependerá de los resultados de las pericias patrimoniales y de la publicación de la declaración jurada de Adorni a fines de mayo.