El juicio contra los exjefes de la Policía de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola, por presunta corrupción institucional, avanza en los tribunales de la capital provincial. Ambos están acusados de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado mediante facturas falsas de arreglos de patrulleros entre 2015 y 2016.

El caso, conocido como "D4", comenzó en 2016 cuando Maximiliano Pullaro, entonces ministro de Seguridad y ahora gobernador, presentó una denuncia tras recibir un mensaje anónimo que detallaba irregularidades en el Departamento de Logística de la Policía. Según la acusación, los imputados lideraban una red que facturaba reparaciones inexistentes, desviando fondos públicos.

En la primera jornada del juicio, Pullaro declaró como testigo y enfatizó la importancia de denunciar la corrupción institucional. "Cuando nos tocó, hicimos lo que teníamos que hacer, que fue no hacernos los boludos ante la corrupción", afirmó el gobernador, quien también destacó que la mayoría de los policías son honestos y trabajadores.

Un testimonio clave fue el de Facundo Testi, testigo arrepentido y uno de los condenados en juicios abreviados. Testi detalló cómo funcionaba la maniobra, explicando que los montos asignados se dividían entre reparaciones reales e irreales, y que el dinero se entregaba en sobres a los contadores. También mencionó favores personales realizados para los exjefes, como arreglos de autos y reservas de hoteles.

La Fiscalía, representada por Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, presentó pruebas como planillas de Excel y conversaciones de WhatsApp que respaldan la acusación. Los fiscales solicitaron nueve años de prisión para los imputados, argumentando que los hechos dañaron la imagen de la Policía y afectaron la seguridad pública.

Por su parte, las defensoras de los acusados, Ileana Echaniz y Virginia Balanda, rechazaron las acusaciones, alegando que sus clientes desconocían la maniobra y que no hay pruebas directas que los vinculen como líderes de la asociación ilícita.

El juicio, que se desarrolla ante un tribunal compuesto por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, continuará con la declaración de más testigos y el análisis de pruebas. Hasta ahora, nueve personas han sido condenadas en procedimientos abreviados relacionados con esta causa.

El caso ha generado un intenso debate sobre la corrupción en las fuerzas de seguridad y la necesidad de fortalecer los controles institucionales. Pullaro, en su declaración, subrayó que "si uno quiere mejores instituciones democráticas en la provincia de Santa Fe, no puede permitir ningún tipo de corrupción".

La resolución del juicio será clave para determinar las responsabilidades de los exjefes y para enviar un mensaje sobre la lucha contra la corrupción en la provincia.