El Gobierno nacional avanza con un plan de reforma profunda en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), lo que ha generado una fuerte reacción de rechazo por parte de la Mesa de Enlace y preocupación en el sector agropecuario. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa argumentando que el Estado se encuentra sobredimensionado y que los recortes propuestos no afectarían la provisión de servicios esenciales.

Entre las medidas planteadas se encuentra la reducción de la planta de empleados del INTA en aproximadamente 1500 puestos sobre los 6000 actuales, así como cambios en la estructura de gobernanza del organismo. Sturzenegger cuestionó el crecimiento de la dotación y los recursos del INTA desde 2003, señalando que en ese año la planta era de 3000 empleados y que actualmente supera los 6000, con un parque automotor de 3000 vehículos. Además, destacó que el presupuesto del INTA, que ronda entre $230.000 y $400.000 millones, representa una porción significativa de las retenciones al maíz.

La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales entidades del campo, expresó su rechazo a cualquier modificación que afecte la autarquía, la gobernanza y la estructura regional del INTA, aunque reconoció la necesidad de modernizar el organismo. En un comunicado, los dirigentes rurales advirtieron que el INTA es una herramienta imprescindible para el desarrollo agropecuario y que cualquier medida que debilite su funcionamiento perjudicaría a todo el sector.

Por su parte, trabajadores y científicos del INTA han realizado asambleas y reuniones para defender el rol estratégico del instituto, subrayando que su financiamiento debe considerarse una inversión y no un gasto. Destacaron que el INTA es clave para la innovación, la transferencia tecnológica y la competitividad del agro argentino, y que el sector emplea directa e indirectamente a más de 4 millones de personas.

El Gobierno, en tanto, sostiene que la reforma busca mejorar la eficiencia y lograr un ahorro fiscal, en línea con el proceso de reordenamiento integral del Estado. El debate continúa abierto, con el sector agropecuario exigiendo diálogo y garantías para preservar la autonomía y la capacidad operativa del INTA, mientras persisten las dudas sobre el impacto de los recortes en la investigación y el desarrollo tecnológico del campo argentino.