El reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital, ha generado un intenso debate en el país. La decisión, que surge de un extenso litigio iniciado tras la expropiación de YPF en 2012, implica una posible transferencia de activos estratégicos y una deuda que supera los 16.000 millones de dólares.

El Gobierno de Javier Milei, junto a su equipo legal y económico, analiza diversas alternativas para responder a la sentencia. Entre las opciones se encuentra la presentación de una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema argentina y la apelación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. "Estamos analizando distintas opciones. El lunes o martes estaremos en condiciones de ver cuál es el camino más adecuado", señaló una alta fuente oficial a Clarín.

El CEO de YPF, Horacio Marín, minimizó el impacto inmediato del fallo sobre la empresa y destacó el crecimiento extraordinario de Vaca Muerta, subrayando que la compañía continúa con sus planes de inversión y desarrollo de infraestructura. "Estamos en un período de crecimiento extraordinario", afirmó Marín, quien también remarcó que el futuro de la formación no se verá condicionado por la causa internacional.

El fallo ha reavivado el debate sobre la expropiación de YPF y su impacto en el desarrollo energético del país. Mientras algunos sostienen que la estatización fue clave para el avance de Vaca Muerta, otros expertos, como Francisco Monaldi y Daniel Montamat, argumentan que el desarrollo hubiera sido posible con reglas claras y capital privado, sin necesidad de expropiación.

La incertidumbre jurídica y el monto de la condena son vistos como obstáculos para atraer inversiones internacionales, fundamentales para el futuro energético argentino. Analistas coinciden en que la seguridad jurídica y la transparencia serán determinantes para el desarrollo sostenido del sector.

En el plano político, tanto oficialismo como oposición expresan la necesidad de defender la soberanía sobre YPF, aunque divergen en las estrategias y responsabilidades históricas. El caso sigue generando repercusiones en el ámbito judicial, político y económico, mientras el Gobierno busca una salida que minimice el impacto sobre los activos nacionales y la economía.