El gobierno de Santa Fe ha intensificado su respuesta ante la ola de amenazas escolares que afecta a la provincia, notificando a padres y tutores legales para que asuman los costos de los operativos de seguridad desplegados tras cada intimidación. Entre el viernes y el sábado, se entregaron 11 nuevas notificaciones en seis departamentos, sumando un total de más de 36 millones de pesos en resarcimientos exigidos a las familias de los menores identificados como responsables.

La medida, que se enmarca en una acción patrimonial y administrativa, establece que los adultos responsables deben abonar el costo exacto de cada operativo, calculado en función de los recursos policiales utilizados, como combustible, móviles, brigadas especializadas y horas de servicio. Los montos individuales superan en algunos casos los 5,8 millones de pesos. El plazo para cumplir con el pago es de cinco días; de no hacerlo, la deuda se remite a la Fiscalía de Estado, lo que puede derivar en embargos o inhibiciones de bienes.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la medida busca desalentar conductas que afectan la paz social y resarcir al erario público por los recursos movilizados innecesariamente. “No es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo”, afirmó Cococcioni. Desde el gobierno provincial, se aclara que no se trata de una multa penal, sino de una indemnización civil ejecutada conforme al Código Civil y Comercial.

El caso de una abuela que increpó a su nieto tras recibir la notificación por más de 5 millones de pesos se volvió emblemático, reflejando el impacto social de la medida. En paralelo, especialistas en salud mental y educación advierten que la sanción económica, si bien puede tener un efecto disuasorio, resulta insuficiente sin un abordaje preventivo y educativo. “Sin educación preventiva la sanción es insuficiente”, sostuvo el psicólogo Santiago Resett, quien remarcó la necesidad de protocolos educativos y diálogo en la comunidad escolar.

La provincia de Santa Fe ha registrado unas 400 intimidaciones escolares en el último mes, tras un tiroteo en San Cristóbal. El gobierno mantiene un estricto monitoreo sobre redes sociales y llamadas para identificar a los responsables y continuar con las notificaciones. El debate público se centra ahora en la efectividad de la penalidad económica y la urgencia de políticas integrales para abordar la violencia escolar.