Gremios aeronáuticos y estatales argentinos presentaron una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, acusando al Gobierno nacional de violar principios fundamentales de la libertad sindical y de llevar adelante una ofensiva contra el derecho a huelga. La presentación, realizada en el marco de la 113ª Conferencia de la OIT, fue firmada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con el respaldo de la CGT y las CTA.

Los sindicatos denunciaron que el Gobierno, a través de los decretos 70/2023, 825/2024 y 831/2024, declaró la actividad aeronáutica como "servicio esencial" y limitó el derecho a huelga, además de intervenir en asambleas sindicales y promover la criminalización de la protesta. "No estamos solo defendiendo derechos laborales: estamos enfrentando un intento deliberado de eliminar el derecho a huelga en un sector estratégico para el país", afirmó Juan Pablo Brey, secretario general de la AAA. Pablo Biró, titular de APLA, agregó: "Este es un paso más en la lucha por la defensa de los cielos argentinos que hoy se encuentran bajo el ataque del Gobierno de Javier Milei".

La denuncia fue entregada a la Directora del Comité de Libertad Sindical de la OIT, Corinne Vargha, y solicita la intervención urgente del organismo ante lo que consideran una violación al Convenio Nº 87 sobre libertad sindical. Los gremios argumentan que las reformas se implementaron de manera inconstitucional, sin consulta sindical y mediante decretos que modifican derechos reconocidos internacionalmente. Además, señalaron que varias presentaciones judiciales de amparo ya obtuvieron fallos favorables, declarando la inconstitucionalidad de estas normas.

El Gobierno, por su parte, minimizó el reclamo. Aerolíneas Argentinas sostuvo que el paro de pilotos, que afectó a unos 6.000 pasajeros y 50 vuelos, carece de fundamentos laborales y responde a intereses políticos de la conducción gremial. El embajador argentino en la OIT, Carlos Foradori, respondió con ironía a las denuncias, lo que generó repudio entre los sindicalistas presentes.

El conflicto se enmarca en un contexto de ajuste estatal, despidos y presión sobre los sindicatos, mientras el Gobierno impulsa reformas laborales y busca limitar las medidas de fuerza en sectores estratégicos. La OIT, como organismo internacional, será clave en la evaluación de la denuncia y en la eventual intervención para proteger los derechos laborales en Argentina.