Marcelo Schillaci, uno de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, se encuentra en estado crítico en el hospital penitenciario de Ezeiza, donde cumple prisión perpetua. Desde julio de 2024, Schillaci permanece internado debido a una enfermedad hepática incurable, lo que ha motivado a su defensa, liderada por la abogada Patricia Croitoru, a solicitar reiteradamente la prisión domiciliaria.

Los informes médicos presentados ante la Justicia detallan un cuadro clínico complejo: hepatitis C, cirrosis, hemorragia digestiva por várices esofágicas y gástricas, hipertensión portal, anemia, litiasis vesicular, entre otras patologías. "La cirrosis del paciente está descompensada y aumenta mucho los sangrados", advirtió uno de los médicos de la Procuración Penitenciaria, calificando a Schillaci como un paciente "con mal pronóstico". En agosto de este año, el condenado sufrió un síncope que requirió atención en un hospital externo, agravando aún más su estado general.

La defensa de Schillaci ha denunciado la falta de atención especializada y la demora en la realización de estudios médicos, señalando que hasta abril de 2025 no había sido evaluado por un hepatólogo ni se había considerado la viabilidad de un trasplante de hígado. La Procuración Penitenciaria alertó que la falta de abordaje integral podría contribuir al deterioro de la salud y calidad de vida del recluso.

En el plano judicial, la abogada Croitoru recusó a la jueza de ejecución penal Marcela Otermín, acusándola de "falta de imparcialidad" por negarse a requerir informes médicos y penitenciarios. Otermín respondió que la evaluación y clasificación de los detenidos es competencia exclusiva del Servicio Penitenciario Federal, postura que fue respaldada por la Cámara de Apelaciones de Mercedes.

El caso de Schillaci revive el impacto del triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en 2008, cuando los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron ejecutados y torturados, sus cuerpos hallados en una zanja tras casi una semana de desaparición. El hecho destapó el tráfico ilegal de efedrina y tuvo conexiones con la política nacional, ya que Forza había aportado dinero a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007. Aunque el empresario Ibar Pérez Corradi fue señalado como autor intelectual, recibió falta de mérito en 2021 y la causa prescribió en 2023, dejando sin condena a los responsables intelectuales.

La situación de Schillaci pone en debate los derechos humanos en el sistema penitenciario argentino y la atención médica a los reclusos, mientras la controversia judicial continúa y el caso sigue siendo un símbolo de la relación entre narcotráfico y política en el país.