La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves una serie de modificaciones al proyecto de ley que regula la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como "trapitos". El texto, que ahora deberá ser evaluado nuevamente por el Senado provincial, introduce cambios significativos en la forma en que se sancionará y controlará esta práctica en las principales ciudades de la provincia.

Entre las principales novedades, la ley crea dos cargos de jueces de primera instancia con asiento en Santa Fe y Rosario, quienes tendrán competencia específica para abordar estos casos. Además, se otorga a los municipios la potestad de definir la legalidad de la actividad y aplicar sanciones, que podrán ir desde la prohibición de concurrencia hasta el trabajo comunitario o, en situaciones agravadas, el arresto.

El debate en la Cámara baja fue intenso y estuvo marcado por la división entre el oficialismo y la oposición. Mientras que el interbloque de Unidos defendió la iniciativa como una respuesta necesaria a la violencia urbana y la ocupación irregular del espacio público, sectores opositores y organizaciones sociales criticaron el enfoque punitivo y la ausencia de políticas de inclusión social. "La ley no prevé recursos presupuestarios para lo social y sí para crear dos cargos de jueces", señaló la diputada justicialista Lucila De Ponti. Desde el Frente Amplio por la Soberanía, se cuestionó que "esta ley no busca combatir la pobreza, sino tapar a los pobres".

El texto aprobado incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia, estableciendo sanciones para quienes exijan dinero de manera intimidatoria por el uso de espacios públicos destinados al estacionamiento de vehículos. Las penas se agravan en zonas tarifadas, en las inmediaciones de eventos masivos o cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad.

El proyecto también insta al Poder Ejecutivo y a los municipios a implementar acciones de prevención e inclusión social, como capacitación laboral y abordaje en salud mental, aunque la oposición cuestiona la falta de recursos concretos para estas medidas.

La iniciativa vuelve ahora al Senado, que deberá decidir si acepta los cambios introducidos por Diputados o insiste con su versión original. El debate sobre la regulación de los cuidacoches sigue abierto y refleja la tensión entre las demandas de seguridad y la necesidad de políticas sociales inclusivas en el contexto de la provincia de Santa Fe.