El Senado argentino se encuentra en el centro de un intenso debate tras la presentación del proyecto de ley que busca consagrar la "inviolabilidad de la propiedad privada". Impulsada por el oficialismo y defendida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la iniciativa propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar los desalojos y facilitar la restitución de viviendas y terrenos ocupados, afectando directamente la actual Ley 27.453 de integración sociourbana.

La reforma ha generado una fuerte reacción de la Iglesia Católica y organizaciones sociales, que advierten sobre el posible retroceso en derechos adquiridos por los habitantes de barrios populares. El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, expresó que "probablemente no hay palabra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’", y subrayó la obligación de garantizar el acceso a tierra, techo y trabajo. Por su parte, el presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, pidió mantener el rol activo del Estado en la regularización dominial y la urbanización, señalando que "algunas modificaciones incluidas en el proyecto podrían tener un efecto regresivo y dar un paso atrás".

Según datos oficiales, existen 6.467 barrios populares en el país, donde viven más de 5 millones de personas. En Córdoba, más de 40.000 familias podrían verse afectadas por la reforma. Organizaciones como TECHO advierten que la iniciativa eliminaría protecciones fundamentales, como la suspensión de desalojos y la participación de cooperativas y la economía popular en los procesos de integración.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria para garantizar la seguridad jurídica y fomentar la inversión, proponiendo que la responsabilidad de la regularización recaiga en provincias y municipios. Sin embargo, no se han detallado los fondos ni los mecanismos para implementar estos cambios.

El debate se da en un contexto de ajuste fiscal y reducción del rol estatal en políticas sociales, lo que ha profundizado las diferencias entre el oficialismo y sectores de la sociedad civil. La Iglesia, citando documentos pontificios, insiste en que la propiedad privada debe estar subordinada al bien común y al destino universal de los bienes. El futuro de la iniciativa permanece incierto, mientras se espera una posible sesión en el Senado para mediados de mayo.