La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, en una sesión que estuvo marcada por intensos debates y una fuerte movilización social en las calles. El proyecto, que prevé una inversión superior a los 550 millones de dólares para la explotación de cobre en Uspallata, recibió entre 32 y 36 votos a favor y 13 en contra, reflejando divisiones tanto en el oficialismo como en la oposición.

La jornada legislativa fue extensa y comenzó tras negociaciones políticas que retrasaron el inicio de la sesión. Mientras tanto, miles de manifestantes, asambleas ciudadanas y organizaciones ambientales se congregaron frente a la Legislatura para expresar su rechazo al avance de la megaminería en la provincia. Los opositores al proyecto argumentan que no existe la "licencia social" necesaria y advierten sobre los riesgos para el agua, la biodiversidad y la salud de las comunidades locales.

El proyecto San Jorge ya había sido rechazado en 2011, pero fue reformulado y presentado nuevamente con el respaldo del gobierno provincial, que lo considera clave para el desarrollo económico y la generación de empleo. El oficialismo, liderado por Cambia Mendoza, logró sumar apoyos extrapartidarios, aunque la oposición se mostró dividida. El jefe del bloque oficialista, Enrique Thomas, defendió la iniciativa asegurando que "la nueva minería" cuenta con controles y procedimientos más estrictos, y que la provincia necesita inversión y empleo privado.

En el plano técnico, el CONICET emitió inicialmente un comunicado advirtiendo sobre deficiencias en los estudios de impacto ambiental, especialmente en lo relativo a recursos hídricos y biodiversidad. Sin embargo, posteriormente aclaró su postura institucional, señalando que no se opone a actividades productivas compatibles con la sostenibilidad y que validó los procesos de evaluación, aunque recomendó profundizar ciertos aspectos.

El paquete legislativo aprobado también incluye la creación de un Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de regalías mineras, buscando fortalecer los controles y la transparencia en la actividad. El debate ahora pasa al Senado, donde se espera la sanción definitiva en los próximos días, mientras continúan las movilizaciones y el reclamo de sectores sociales y científicos por mayor participación y resguardo ambiental.