El exsenador argentino Edgardo Kueider fue condenado este lunes por la justicia de Paraguay a dos años de prisión en suspenso por el delito de tentativa de contrabando de divisas. La sentencia, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, también alcanzó a su pareja, Iara Guinsel, quien recibió una pena de un año y diez meses, también en modalidad condicional. Ninguno de los dos cumplirá prisión efectiva, sino que deberán permanecer bajo arresto domiciliario en la ciudad de Luque, bajo supervisión policial.

El caso se originó en diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en el Puente de la Amistad, en la Triple Frontera, al intentar ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares estadounidenses, además de pesos argentinos y guaraníes, sin realizar la declaración correspondiente. La fiscalía había solicitado penas superiores a los dos años, argumentando que la maniobra configuraba el delito de tentativa de contrabando.

Tras conocerse el fallo, Kueider denunció ser víctima de una persecución política en Argentina, vinculando la causa a su voto a favor de la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei. "Seguiremos batallando contra la persecución política en la Argentina y las falsas denuncias. Algún día alguien tendrá que hacerse cargo del enorme daño que le causaron a mí, a mi familia y a Iara", declaró ante la prensa. Además, anunció que apelará la sentencia, cuestionando la interpretación legal del tribunal y sosteniendo que el dinero no debería ser considerado mercadería a efectos del delito de contrabando.

El tribunal, por su parte, fundamentó la condena en la evidencia recolectada durante el juicio, señalando que los acusados no declararon el dinero en su poder y que la legislación sanciona tanto el contrabando consumado como la tentativa. La jueza Elsa García explicó que, aunque el dinero fue incautado antes de ingresar al país, la conducta encuadra en el tipo penal acusado.

En paralelo, Kueider enfrenta procesos judiciales en Argentina por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y su extradición está en trámite. El caso ha reavivado el debate sobre la judicialización de la política y la cooperación judicial entre ambos países, mientras la defensa del exsenador insiste en su inocencia y denuncia motivaciones políticas detrás de las acusaciones.