El Gobierno argentino adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio Jan De Nul-Servimagnus, en lo que representa la mayor privatización de la gestión de Javier Milei. El contrato, que tendrá una duración de 25 años con posibilidad de prórroga, abarca la operación, mantenimiento y modernización de la principal vía de exportación del país, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino y de otros países del Mercosur.

La decisión fue oficializada por el Ministerio de Economía y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que destacaron la reducción del 13,5% en los costos logísticos y la incorporación de tecnología para mejorar la seguridad y combatir el narcotráfico. El consorcio ganador, integrado por la multinacional belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, proyecta ingresos superiores a los 15.000 millones de dólares durante el período de concesión.

El proceso licitatorio, sin embargo, estuvo marcado por denuncias de irregularidades, presunto direccionamiento y conflictos de interés. Un informe internacional advirtió sobre posibles ventajas indebidas para el consorcio adjudicatario, así como sobre el elevado costo para presentar impugnaciones, fijado en 10 millones de dólares. A pesar de estos cuestionamientos, el Gobierno sostuvo que no se registraron impugnaciones formales y que la licitación contó con el respaldo de cámaras empresariales y gobiernos provinciales.

Empresarios y entidades del sector celebraron la privatización como un avance estratégico para la competitividad y el desarrollo productivo nacional. "Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad", afirmó Wim Bosteels, representante de Jan De Nul. Por su parte, Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, subrayó el compromiso con la transparencia y la modernización de la vía navegable.

No obstante, la licitación sigue bajo investigación judicial y dos empresas participantes han recurrido a organismos internacionales por supuestas irregularidades. La oposición y algunos analistas advierten sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y auditoría para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La Hidrovía, que había sido estatizada en 2021 y operada por Jan De Nul bajo subcontrato estatal, vuelve así a manos privadas en un contexto de debate sobre el modelo de gestión de infraestructura estratégica en Argentina. El futuro del contrato y su impacto en la economía y la logística nacional dependerán de la efectiva implementación de las obras y del control estatal sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas.