La justicia federal argentina avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras detectarse la compra de propiedades financiadas mediante hipotecas privadas otorgadas por mujeres jubiladas. El caso, que ha captado la atención pública y política, se centra en la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz.

Según documentos oficiales y testimonios recabados por la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, compraron en noviembre de 2025 un departamento valuado en 230.000 dólares. La operación fue financiada en un 87% por dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes le prestaron 200.000 dólares. El exfutbolista Hugo Morales, anterior propietario del inmueble, declaró que vendió la propiedad a las jubiladas por 200.000 dólares, quienes luego la revendieron a Adorni. Morales aportó chats, audios y datos de la inmobiliaria que intervino en la operación.

En paralelo, Adorni y su esposa recibieron un préstamo de 100.000 dólares de otras dos mujeres, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, garantizado con hipoteca sobre otro inmueble. Estas operaciones fueron certificadas por la escribana Adriana Nechevenko, citada a declarar como testigo. La fiscalía solicitó información a registros de propiedad, consorcios y entidades bancarias para rastrear la trazabilidad de los fondos y la titularidad de los bienes.

La investigación busca determinar si Adorni puede justificar el crecimiento de su patrimonio desde su ingreso al gobierno en diciembre de 2023, así como los viajes al exterior realizados en ese período. El caso se inició tras una denuncia por incremento patrimonial desproporcionado y se suma a pesquisas paralelas sobre viajes privados y vínculos con contratistas del Estado.

El entorno político sigue de cerca el desarrollo de la causa, que involucra a figuras cercanas al gobierno de Javier Milei. La fiscalía avanza con citaciones a testigos y nuevas medidas de prueba para esclarecer la legalidad de las operaciones y la procedencia de los fondos utilizados por Adorni.