El doble femicidio ocurrido en Villa Serrana, Córdoba, ha conmocionado a la sociedad argentina. Pablo Laurta, ciudadano uruguayo, fue detenido tras asesinar a su expareja Luna Giardina, de 26 años, y a su exsuegra Mariel Zamudio, de 54, en la vivienda donde residían. Tras cometer los crímenes, Laurta secuestró a su hijo Pedro y huyó hacia Gualeguaychú, Entre Ríos, donde fue finalmente capturado por la policía en un hotel, mientras planeaba cruzar a Uruguay por un paso clandestino.

Las cámaras de seguridad registraron la frialdad del agresor, quien minutos después de los asesinatos salió a jugar a la pelota con su hijo en la vereda. Un vecino relató: “Vi a este hombre pasar con Pedrito caminando de la mano, como si nada, tranquilos, como un padre que lleva a su hijo a la plaza”. La calma de Laurta tras el hecho fue corroborada por testigos y por la perfiladora criminal Constanza Lamarque, quien lo describió como “una persona con frialdad extrema, calculadora y muy manipuladora”.

El menor, de seis años, fue hallado en buen estado físico y está bajo protección judicial. La madre del acusado, Estrella Laurta, expresó su dolor y repudio: “No puedo creer que haya parido a un asesino. Es un asesino, yo no lo críe para eso”, y pidió cadena perpetua para su hijo. Además, se ofreció a cuidar a su nieto en caso de que no aparezca otro tutor.

El caso revela graves deficiencias institucionales en la atención y prevención de la violencia de género. Luna Giardina había realizado denuncias previas por acoso y violencia, y Laurta tenía antecedentes de desacato. La investigación señala que el agresor planeó meticulosamente el crimen, lo que reabre el debate sobre la necesidad de mejorar los protocolos de prevención y atención a víctimas.

La familia de las víctimas busca contención y protección para el menor, mientras autoridades judiciales y policiales destacan la importancia de una respuesta coordinada. El caso se suma a la preocupante estadística de femicidios en Argentina, donde el 40% de los agresores presentan rasgos psicopáticos, según especialistas. Las repercusiones sociales y políticas del hecho continúan generando debate sobre la violencia de género y la responsabilidad institucional.