La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra conmocionada tras la muerte de Ángel, un niño de 4 años, ocurrida el pasado domingo mientras se encontraba bajo el cuidado de su madre biológica. El caso, que ha generado un fuerte debate público y judicial, involucra acusaciones cruzadas entre familiares y pone en el centro de la discusión la actuación de la Justicia y los organismos de protección infantil.

Según los informes médicos, Ángel fue hallado sin signos vitales en la vivienda de su madre y trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico y falleció poco después por un paro cardiorrespiratorio. Las primeras pericias forenses revelaron lesiones internas en la cabeza del menor, aunque no se detectaron signos externos de violencia. La causa exacta de la muerte aún está bajo análisis, a la espera del informe final de la autopsia.

El caso cobró notoriedad por el trasfondo de una compleja disputa judicial por la tenencia del niño. En noviembre pasado, la Justicia decidió restituir a Ángel a su madre biológica, Mariela Altamirano, pese a que existían antecedentes de maltrato y la pérdida de la tenencia de otro hijo. La familia paterna, encabezada por Luis López y su pareja Lorena Andrade, denunció reiteradamente situaciones de riesgo y maltrato, presentando incluso videos y testimonios que alertaban sobre el temor del niño a regresar con su madre.

Por su parte, la madre biológica negó las acusaciones y sostuvo que fue víctima de violencia de género por parte del padre de Ángel, lo que habría motivado la separación y la posterior disputa por la custodia. En declaraciones públicas, Mariela afirmó: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”.

El informe del jardín de infantes donde asistía Ángel también advirtió sobre un cambio de conducta en el niño tras la revinculación con su madre, señalando episodios de angustia y desinterés en actividades que antes disfrutaba.

La Justicia imputó a la madre y a su pareja, aunque ambos permanecen en libertad y bajo vigilancia estatal. Se realizaron allanamientos en la vivienda donde ocurrieron los hechos y se secuestraron elementos de interés para la causa. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó el caso como "tremendo" y aseguró que se investigarán posibles fallas en la actuación judicial y de los organismos de protección de la niñez.

Mientras tanto, la comunidad local se moviliza para exigir justicia por Ángel, en un caso que expone las debilidades del sistema de protección infantil y la necesidad de revisar los procedimientos ante denuncias de violencia familiar.