Una semana de tensión se vivió en la provincia de Santa Fe tras la protesta masiva de la policía provincial, que reclamó mejoras salariales y condiciones laborales dignas. El conflicto, que tuvo su epicentro en Rosario, incluyó bloqueos de calles, quema de neumáticos y asambleas de agentes y familiares frente a la Jefatura de Policía, extendiéndose a otras ciudades del centro y norte provincial.

El detonante fue el suicidio de un agente, sumado a la precariedad salarial y las difíciles condiciones de trabajo, especialmente para los policías más jóvenes y de menor jerarquía. "Mi salario es de 900 mil pesos, hago horas extras, no tengo buen descanso, mi obra social es paupérrima", relató un efectivo durante las protestas, reflejando el malestar generalizado en la fuerza.

El gobierno de Maximiliano Pullaro, tras un primer intento de sancionar a los manifestantes, reconoció la legitimidad del reclamo y negoció un acuerdo que garantiza un ingreso mínimo equivalente a la canasta básica para los policías y el personal penitenciario. El aumento salarial, de hasta un 50% para algunos sectores, fue celebrado por parte de la fuerza, aunque no alcanzó a todos los efectivos ni impactó en las jubilaciones.

El conflicto derivó en el desplazamiento de jefes policiales y expuso fracturas internas, tanto en la cadena de mandos como en la relación entre el gobierno y la fuerza. "La protesta no resintió el servicio policial, pero evidenció la necesidad de una recomposición estructural", admitieron fuentes oficiales. El debate sobre la sindicalización policial y la representación de los reclamos laborales quedó abierto, mientras persisten dudas sobre la sostenibilidad del acuerdo y la autoridad interna.

El trasfondo de la protesta incluye antecedentes de crisis similares, casos de corrupción y una estructura salarial deteriorada por la crisis económica nacional. El episodio impactó en la imagen del gobernador y abrió interrogantes sobre el futuro de la política de seguridad en Santa Fe, en un contexto de alta violencia y presión política por resultados.