El gobierno de Santa Fe se encuentra a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina una fecha para una audiencia clave en el marco de una demanda presentada contra el gobierno nacional. La provincia reclama una deuda de entre $800.000 y $850.000 millones con la Caja de Jubilaciones, una cifra que incluye pagos suspendidos desde 2020 y ajustes por inflación.

El conflicto se originó en la década de 1990, cuando la Nación redujo los recursos coparticipables a las provincias y asumió las cajas previsionales de algunas de ellas. Santa Fe, que no transfirió su caja, firmó acuerdos para compensar el déficit generado, pero los pagos se han visto interrumpidos en los últimos años. En 2024, el decreto 280/2024 eliminó artículos del presupuesto que garantizaban transferencias mensuales, lo que llevó a la provincia a judicializar el caso.

Mientras tanto, Córdoba, que enfrenta una situación similar, logró un acuerdo preliminar con la Nación. Este incluye pagos mensuales de $5.000 millones durante un año, a cuenta de una deuda total que se determinará tras auditorías. La Corte Suprema fijó una audiencia para dentro de seis meses para evaluar el cumplimiento del acuerdo.

Desde el gobierno de Santa Fe, se critica que la Nación busca "complejizar" el debate mediante auditorías de convenios ya cerrados, en lugar de calcular los déficits pendientes. "En vez de decir no te quiero pagar o no te puedo pagar, quieren forzar una cuestión ficticia de un crédito a favor de ellos", señalaron fuentes del Ministerio de Economía provincial.

El caso de Córdoba ha generado expectativas en Santa Fe, que espera que su demanda avance en la Corte Suprema. La resolución de estos conflictos podría sentar un precedente para otras provincias con cajas previsionales no transferidas. Por ahora, la provincia santafesina insiste en la necesidad de medidas cautelares que reanuden las transferencias suspendidas y permitan aliviar el déficit de su sistema previsional.

La Corte Suprema de Justicia se encuentra en el centro de estas disputas, mediando entre las provincias y el gobierno nacional. Su rol será crucial para determinar el desenlace de estos conflictos, que afectan no solo a las finanzas provinciales, sino también a miles de jubilados que dependen de estos sistemas.