El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quedó en el centro de la polémica tras intentar justificar las restricciones impuestas a la prensa en la Casa Rosada, argumentando que en la Casa Blanca de Estados Unidos existen medidas similares. Sin embargo, periodistas presentes en la conferencia de prensa desmintieron esa afirmación, señalando que en la sede del gobierno estadounidense los reporteros cuentan con acceso directo a la sala de prensa ubicada dentro del Ala Oeste, cerca del Despacho Oval.

Las restricciones en la Casa Rosada incluyen controles de seguridad exhaustivos, escoltas militares para los periodistas, limitaciones en la circulación dentro del edificio y hasta acompañamiento al baño. Estas medidas, que se profundizaron tras la llegada de Ravier al cargo, han generado un fuerte malestar entre los trabajadores de prensa, quienes denuncian vivir un "estado de excepción" y advierten que la situación no tiene antecedentes ni siquiera en períodos de dictadura.

Organizaciones gremiales como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) enviaron una nota formal al vocero presidencial exigiendo el levantamiento de las restricciones. En el documento, las entidades advirtieron que las limitaciones afectan gravemente el derecho a la información y la libertad de prensa, derechos consagrados por la Constitución Nacional y respetados por gobiernos democráticos de distinto signo político.

El Gobierno sostiene que las medidas buscan evitar el espionaje de potencias extranjeras y que existen antecedentes internacionales, aunque hasta el momento no ha presentado ejemplos concretos que respalden esa postura. Mientras tanto, periodistas y gremios insisten en que la situación representa un retroceso en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública.

La controversia se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y los medios, con denuncias de censura y reclamos por mayor apertura y transparencia. El debate sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en la Casa Rosada y el acceso a fuentes oficiales sigue abierto, mientras gremios y organizaciones internacionales evalúan llevar el caso ante instancias judiciales y organismos de derechos humanos.