El accidente fatal ocurrido el pasado 8 de junio en la Ruta 88, cerca de Miramar, sigue generando repercusiones judiciales y sociales. El hecho, que costó la vida del médico Diego Quirós y su hijastro Iñaki Mendizábal, ha dado un giro tras la publicación de pericias toxicológicas y accidentológicas que modificaron el rumbo de la investigación.

Según los informes judiciales, Diego Quirós conducía bajo los efectos de cocaína y a una velocidad superior a la permitida al momento de impactar contra el camión manejado por Raúl Lozano García. El camión, por su parte, presentaba varias irregularidades: no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, tenía deficiencias lumínicas y el conductor carecía de licencia habilitante. Sin embargo, el juez de Garantías Daniel De Marco consideró que estas faltas no fueron determinantes en el desenlace fatal y dictó la falta de mérito para Lozano García, ordenando su excarcelación inmediata.

La resolución judicial generó controversia. El fiscal Rodolfo Moure y la familia de las víctimas apelaron la decisión, argumentando que la conducta imprudente del camionero y las condiciones del vehículo también influyeron en el accidente. El fiscal sostuvo que la decisión del juez minimiza la responsabilidad del imputado y genera una "compensación de culpas" vedada por el derecho penal. Además, se cuestiona la validez de la pericia toxicológica, señalando defectos en la cadena de custodia y discrepancias en los resultados.

El caso ha movilizado a la comunidad marplatense y a organizaciones civiles, que reclaman justicia y transparencia en el proceso. La figura de Quirós, reconocido médico y director de un centro de diagnóstico, ha quedado grabada en la memoria de familiares y colegas, quienes exigen que el caso no quede impune.

La Cámara de Apelaciones deberá resolver sobre la apelación presentada por la querella y el fiscal, así como sobre la recusación del juez De Marco. El proceso judicial pone en discusión la fiabilidad de las pericias, la credibilidad de los fallos y la necesidad de mejorar la seguridad vial en Argentina. El desenlace del caso marcará no solo el destino de los imputados, sino también el grado de confianza de la sociedad en el sistema judicial.