El juicio por el asesinato de Kim Gómez, la niña de siete años que murió tras ser arrastrada por un auto robado en Altos de San Lorenzo, La Plata, comenzó este miércoles en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1. El caso, ocurrido el 25 de febrero de 2025, conmocionó a la ciudad y reabrió el debate sobre la edad de imputabilidad de menores en Argentina.

La primera jornada estuvo marcada por el testimonio de Florencia Barboza, madre de Kim, quien reconstruyó ante los jueces el dramático momento en que fue interceptada en un semáforo por dos adolescentes. "Me tiraron al piso y escaparon con Kim en el asiento trasero", relató Barboza, visiblemente afectada. Kim, de siete años, quedó enganchada al cinturón de seguridad y fue arrastrada por 15 cuadras durante la huida de los delincuentes, sufriendo heridas fatales.

El acusado principal, que tenía 17 años al momento del hecho, enfrenta cargos por homicidio en ocasión de robo. Su cómplice, de 14 años, es considerado inimputable y permanece en un instituto de máxima seguridad. El juicio se realiza a puertas cerradas, en cumplimiento del régimen legal para causas que involucran menores de edad.

Marcos Gómez, padre de la víctima, expresó antes del inicio del juicio: "Vamos a ser la voz de Kim. Quiero una condena ejemplar, que marque un antes y un después". La defensa del acusado sostiene que no hubo intención de matar, argumentando que el joven no advirtió la presencia de la niña en el auto durante la fuga.

La fiscalía busca acreditar la responsabilidad penal del acusado, apoyándose en pruebas como registros de cámaras y el reconocimiento del imputado por parte de la madre. El veredicto se espera antes de fin de febrero, tras ocho jornadas de debate.

El caso reactivó la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad en delitos graves cometidos por menores, con sectores que reclaman reformas legales y otros que piden políticas públicas de prevención y contención social. Organizaciones sociales, vecinos y ciudadanos han realizado movilizaciones en La Plata para exigir justicia y reclamar mayor seguridad.

El proceso judicial sigue estándares de protección a la infancia, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La expectativa de pena para el acusado varía entre 10 y 25 años de reclusión, aunque la dinámica de la justicia juvenil podría reducir ese lapso. El caso de Kim Gómez continúa generando debate y demanda de respuestas institucionales frente a la violencia juvenil.