La Justicia federal profundiza la investigación sobre presunta corrupción en la obra social de los peones rurales (Osprera), una de las más grandes del país, actualmente intervenida por el Estado. El foco está puesto en Sergio Aguirre, socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien fue citado a declaración indagatoria junto a exinterventores de la entidad y otros allegados al poder político.

Según la instrucción judicial, Aguirre es titular de HTECH Innovation, una empresa de servicios informáticos creada en 2024, que recibió contratos por más de 260 millones de pesos de Osprera durante la intervención estatal. La Justicia sospecha que la contratación fue una pantalla para desviar fondos públicos, ya que las primeras facturas de la firma fueron emitidas directamente a la obra social. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan dispusieron el embargo de bienes y cuentas de Aguirre y otros imputados por un total de 920 millones de pesos.

La causa incluye mensajes y registros de reuniones entre los interventores de Osprera, Aguirre y los Menem (Martín y Eduardo "Lule"), algunos de los cuales tuvieron lugar en la Casa Rosada. Los investigadores consideran que "Lule" Menem, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, tuvo un rol clave en la designación de los interventores y en la gestión de los contratos bajo sospecha. Sin embargo, hasta el momento, ni Martín ni "Lule" Menem han sido formalmente imputados.

El gremio UATRE, que representa a los trabajadores rurales, denunció maniobras para beneficiar a allegados al poder político y cuestionó la intervención estatal de la obra social. La investigación también menciona antecedentes de irregularidades y disputas internas en la conducción de Osprera, así como la participación de otros dirigentes políticos y sindicales.

Desde el entorno de los Menem se rechazan las acusaciones y se atribuyen a internas políticas dentro del oficialismo. No obstante, la Justicia destaca la gravedad de la documentación recolectada y la rapidez con la que se concretaron las contrataciones. El caso Osprera se suma a otros escándalos recientes que afectan al gobierno nacional y genera fuerte repercusión política y mediática. La investigación continúa y podría derivar en nuevas imputaciones o medidas judiciales en las próximas semanas.