El gobierno de Tucumán, liderado por el gobernador Osvaldo Jaldo, ha intensificado sus esfuerzos para combatir las usurpaciones de tierras fiscales y privadas en la provincia. En una jornada de capacitación organizada por la Fiscalía de Estado, 93 delegados comunales recibieron herramientas legales y normativas para prevenir y gestionar irregularidades dominiales en sus respectivas jurisdicciones.

Durante el evento, Jaldo enfatizó la importancia de "poner orden" en la provincia y destacó que su administración está comprometida con la recuperación de terrenos ocupados ilegalmente. "Queremos preservar la propiedad privada del tucumano, no más usurpaciones en la provincia", afirmó el mandatario. Además, señaló que las tierras usurpadas serán llevadas a instancias judiciales para su recuperación.

La capacitación, que contó con la participación de funcionarios como la Fiscal de Estado Gilda Pedicone y varios ministros provinciales, se centró en dotar a los delegados de herramientas prácticas y legales para actuar en casos de irregularidades. Según Pedicone, los delegados ahora están "empoderados" para desempeñar un rol activo en la protección de tierras fiscales y privadas, actuando como "ojos y oídos" del gobierno en sus comunidades.

El problema de las usurpaciones no es nuevo en Tucumán. Zonas como Ticucho y El Cadillal han sido foco de ocupaciones ilegales, incluso dentro de áreas protegidas como reservas naturales. En Ticucho, por ejemplo, se han detectado construcciones ilegales y cercados en áreas de alto valor ambiental, lo que ha generado preocupación entre vecinos y especialistas. "Las normas son claras: las riberas de ríos y lagos son de dominio público y deben respetarse", recordó Martín Lazarte, subsecretario de Medio Ambiente.

Para abordar estas problemáticas, la Fiscalía de Estado y otras entidades provinciales han implementado medidas como sobrevuelos con drones y relevamientos en terreno para identificar irregularidades. Además, se está trabajando en la recuperación de hectáreas en áreas turísticas y en la regularización de concesiones vencidas.

El gobernador Jaldo también hizo hincapié en la necesidad de erradicar la complicidad estatal en estos casos, señalando que su administración ha tomado medidas disciplinarias contra funcionarios involucrados en irregularidades. "Llegamos para poner orden en la provincia de Tucumán", concluyó.

Con estas acciones, el gobierno provincial busca no solo recuperar tierras ocupadas ilegalmente, sino también establecer un marco de gestión más transparente y efectivo para prevenir futuras usurpaciones. Las medidas adoptadas han sido bien recibidas por algunos sectores, aunque persisten desafíos significativos, especialmente en áreas de alta complejidad dominial como Ticucho.