La disputa por la herencia de Beatriz Sarlo, una de las intelectuales más influyentes de la Argentina, ha escalado en los últimos días tras la presentación judicial de Melanio Alberto Meza López, encargado del edificio donde residía la escritora. Meza López reclama la propiedad del departamento y la custodia de la gata Nini, basándose en dos manuscritos supuestamente firmados por Sarlo en los que le cedería ambos bienes. La autenticidad de estos documentos, fechados en junio y agosto de 2024, será determinada por una pericia caligráfica ordenada por el Juzgado Civil N°91, a cargo del juez Carlos Hugo Goggi.

El caso se complejiza por la exclusión del proceso sucesorio de Alberto Sato, exmarido de Sarlo, quien nunca se divorció legalmente de la autora. Sato, apoyado por el círculo íntimo de Sarlo, ha apelado la decisión judicial. Amigos y colegas de la escritora, entre ellos la crítica literaria Sylvia Saitta y el investigador Adrián Gorelik, han manifestado su preocupación por el destino del archivo, la biblioteca y los derechos de autor de Sarlo. Proponen la creación de un fideicomiso o fundación que garantice la preservación y difusión de su legado intelectual.

Mientras tanto, la aparición en venta de discos pertenecientes a Sarlo y a su última pareja, el cineasta Rafael Filippelli, ha generado alarma entre sus allegados, quienes sospechan que Meza López, único poseedor de las llaves del departamento, podría estar disponiendo de bienes culturales con fines comerciales. El propio Meza López, según testimonios de vecinos, era considerado cercano y servicial con Sarlo, aunque la controversia ha puesto en duda sus intenciones.

La legislación argentina permite los testamentos ológrafos, pero exige su verificación. Si la Justicia rechaza tanto la pretensión de Meza López como la de Sato, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires podría intervenir como heredera vacante, lo que preocupa al entorno de Sarlo por el riesgo de que su obra quede a la deriva. El futuro del patrimonio y la obra de Beatriz Sarlo, por ahora, permanece en manos de la Justicia, mientras la comunidad intelectual y la opinión pública siguen de cerca el desenlace de este caso.