El caso del doble homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, Salta, ha sido reactivado con nuevas medidas judiciales y científicas. En los últimos días, la investigación sumó el traslado de muestras genéticas desde Buenos Aires a Salta, con el objetivo de realizar análisis de ADN utilizando tecnología avanzada que no estaba disponible en el momento del crimen.

La esposa de Santos Clemente Vera, quien fue condenado y luego absuelto por la Corte Suprema tras pasar once años en prisión, fue citada para una extracción de ADN. Sin embargo, no se presentó a la audiencia, lo que generó controversia y cuestionamientos por parte de la defensa, que argumenta la falta de garantías procesales y fundamentos claros para la medida. El abogado de Vera sostiene que la citación no cumplió con las normas vigentes y que toda prueba debe estar debidamente justificada y controlada por peritos de parte.

Por otro lado, el padre de Cassandre, Jean-Michel Bouvier, continúa su lucha por la verdad y la justicia. En recientes declaraciones, destacó la importancia de la cooperación entre las autoridades judiciales de Francia y Argentina, y expresó su confianza en que los nuevos análisis puedan arrojar luz sobre los perfiles genéticos no identificados hallados en la causa. Bouvier también cuestionó la investigación original, señalando irregularidades y posibles encubrimientos, y pidió una reparación institucional para las familias afectadas.

La causa, que conmocionó a la provincia y tuvo repercusión internacional, está siendo revisada por una Unidad Fiscal Especial creada en 2025. El equipo trabaja con técnicas forenses modernas y revisa más de 7000 fojas del expediente, incluyendo nuevas pericias sobre celulares y cámaras de las víctimas. Además, se investigan posibles inconsistencias en la cadena de custodia de las pruebas y la interpretación de evidencias clave, como las autopsias y las fotografías tomadas por las víctimas.

Mientras tanto, Gustavo Lasi, el único condenado cuyo ADN fue hallado en las víctimas, permanece en prisión. La defensa de Vera y familiares de las víctimas insisten en la necesidad de esclarecer la totalidad de los hechos y de identificar a todos los responsables, en un contexto de persistente desconfianza hacia la justicia local y reclamos de mayor transparencia y cooperación internacional.