El gobierno de Santiago del Estero anunció un incremento salarial del 42,4% para todos los empleados públicos provinciales, efectivo a partir de febrero de 2026. La medida, que fue comunicada por el gobernador Elías Suárez tras reuniones con representantes gremiales en la Mesa de Diálogo y Trabajo, establece además un nuevo piso salarial de $1.130.000, aplicable también a docentes y empleados municipales.

El aumento supera en 10 puntos porcentuales la inflación interanual, que según el INDEC fue del 32,4% entre enero de 2025 y enero de 2026. Además, se mantendrá el cronograma de bonos anuales, incluyendo un bono de inicio de ciclo lectivo de $250.000, a abonarse el 20 de febrero, y otros bonos por el Día del Trabajador, aguinaldo y fin de año. La ayuda escolar por hijo también se incrementa a $280.000.

El vicegobernador Carlos Silva Neder destacó que "esta decisión política de gran envergadura protege de forma real el bolsillo de nuestra administración pública" y subrayó la importancia de la administración ordenada de los recursos públicos. Por su parte, la UTEPSE valoró el esfuerzo del gobierno provincial en un contexto de caída de fondos nacionales y dificultades económicas a nivel país.

Según un análisis de la estructura salarial, el aumento porcentual es igual para todos los empleados, pero en términos absolutos la brecha entre cargos jerárquicos y operativos se amplía. No obstante, el piso salarial garantiza que la mayoría de los trabajadores perciban ingresos similares, aunque aún por debajo de la canasta básica total para una familia tipo, que según el INDEC es de $1.360.299.

El anuncio fue recibido positivamente por sindicatos y autoridades provinciales, quienes lo consideran un paso importante para fortalecer el poder adquisitivo y brindar previsibilidad a las familias santiagueñas. Sin embargo, persisten críticas sobre la verticalidad de la estructura salarial y la insuficiencia del piso respecto al costo de vida. La medida se diferencia de la política económica nacional y busca sostener la paz social y dinamizar la economía local en un contexto de ajuste y caída de fondos de coparticipación.