El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo clave para el desarrollo agropecuario en Argentina, enfrenta una posible reestructuración impulsada por el gobierno de Javier Milei. Este plan, que incluye despidos masivos, venta de tierras y cambios en su gobernanza, ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y agropecuario.

Según fuentes oficiales, el gobierno busca reducir la plantilla del INTA de 6,000 a 4,500 empleados, cerrar Centros Regionales y vender miles de hectáreas de tierras pertenecientes al organismo. Además, se planea modificar la composición del Consejo Directivo del INTA, aumentando la representación del Ejecutivo y excluyendo a universidades y grupos CREA, lo que ha sido interpretado como un intento de centralizar el control del organismo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó los cambios argumentando que el INTA necesita un "rediseño integral". Sin embargo, sus declaraciones sobre el presupuesto y funcionamiento del organismo han sido cuestionadas por diversos actores. Ariel Pereda, director nacional del INTA, desmintió las afirmaciones del ministro y calificó los recortes como un "cientificidio". "El INTA hace un año y medio viene reduciendo su personal, hoy tenemos mil personas menos", señaló Pereda en una entrevista, destacando que los vehículos del organismo son herramientas esenciales para su trabajo.

Exministros y exsecretarios de Agricultura, que ocuparon cargos en gobiernos peronistas y kirchneristas, emitieron un comunicado conjunto calificando el plan como un "despropósito". "Sin un INTA que desarrolle el trabajo experimental no hay investigación, sin investigación al servicio de los productores no hay futuro con crecimiento posible para el agro argentino", expresaron. También destacaron que el INTA ha sido fundamental para el desarrollo regional, la creación de empleo y el impulso de la agroindustria en Argentina.

El presupuesto del INTA, que representa solo el 2.3% de la recaudación total por retenciones agropecuarias, contradice las declaraciones oficiales que lo vinculan con la mitad de las retenciones del maíz. Este dato ha sido utilizado por críticos para cuestionar la necesidad de los recortes propuestos.

La reforma del INTA se enmarca en una política de ajuste más amplia del gobierno de Javier Milei, que busca reducir el gasto público. Sin embargo, diversos sectores advierten que los cambios podrían debilitar la capacidad del organismo para generar conocimiento y tecnología, afectando al agro argentino.

El futuro del INTA y su impacto en el sector agropecuario sigue siendo incierto, mientras se espera la presentación oficial del decreto que impulsará los cambios. La controversia en torno a esta reforma refleja las tensiones entre las políticas de ajuste del gobierno y la defensa de instituciones clave para el desarrollo del país.