El gobierno de Javier Milei está a punto de lograr la aprobación de una de las reformas laborales más profundas en la historia reciente de Argentina. El proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y será votado en el Senado el 27 de febrero, modifica más de 200 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, vigente desde 1974. Entre los cambios más significativos se encuentran la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas, la eliminación de la obligatoriedad de pagar horas extras y la flexibilización de los despidos, que podrán ser indemnizados con un sueldo base por año trabajado y pagados en cuotas.

El oficialismo sostiene que la reforma es necesaria para dinamizar el empleo registrado y reducir la informalidad, en un contexto donde solo 6,2 millones de los 21 millones de trabajadores son asalariados formales. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la aprobación en Diputados como un hito histórico, afirmando: “Hay momentos en la historia, en que la historia cambia. Finalmente, lo estamos viviendo”.

Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte resistencia de sindicatos, movimientos sociales y la oposición política, que denuncian un retroceso de derechos laborales y la falta de negociación con los sectores afectados. Las protestas incluyeron una huelga general y movilizaciones en varias ciudades, especialmente en Córdoba, donde organizaciones feministas y sindicales advirtieron sobre el impacto negativo de la reforma en las mujeres trabajadoras y la destrucción de convenios colectivos que protegían derechos de género.

El debate parlamentario estuvo marcado por intensas negociaciones y polémicas, especialmente en torno al Fondo de Indemnizaciones, que no convenció ni siquiera a algunos aliados del gobierno. La oposición anticipó que judicializará la reforma, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema.

El contexto económico y social es complejo: el empleo formal cayó casi 300.000 puestos en el último año, mientras que el empleo informal y el monotributo crecieron significativamente. El gobierno apuesta a que la reforma impulse la inversión y el crecimiento, pero economistas advierten que el éxito dependerá de la recuperación macroeconómica. La historia argentina muestra que reformas similares en el pasado generaron fuertes reacciones sociales y políticas, y el desenlace de esta nueva ley podría marcar el destino del gobierno de Milei.