Un grupo de estudiantes de la Escuela Humanos de Canning y un coordinador de la empresa Baxtter quedaron en el centro de la polémica tras ser filmados entonando cánticos antisemitas contra alumnos del colegio ORT durante un viaje de egresados en Bariloche. El video, que se viralizó en redes sociales, muestra a los jóvenes y al coordinador incitando consignas discriminatorias, lo que generó un inmediato repudio social y la intervención de organismos de derechos humanos y autoridades nacionales.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro, solicitando la identificación de los responsables y el cese de la difusión del video. La investigación, a cargo del juez Sebastián Ramos, se basa en la ley 23.592, que penaliza la instigación al odio y la discriminación. Paralelamente, la DAIA radicó una denuncia similar y organizó capacitaciones para la empresa y la escuela involucradas.

La empresa Baxtter, responsable del viaje, emitió un comunicado repudiando los hechos y desvinculó al coordinador involucrado, solicitando su baja definitiva del rubro. La escuela Humanos también expresó su rechazo y prometió medidas para reforzar sus valores de inclusión y respeto. "Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad", afirmó Baxtter en su comunicado.

El presidente Javier Milei y otros actores políticos se sumaron al repudio, destacando la gravedad del hecho y la necesidad de sanciones ejemplares. El debate público se centró en la responsabilidad educativa y la importancia de prevenir discursos de odio en la sociedad argentina.

El incidente pone en evidencia la persistencia del antisemitismo y la urgencia de fortalecer la educación en valores y la convivencia democrática. Organismos como la DAIA y el Ministerio de Justicia insisten en la aplicación rigurosa de la ley y en la capacitación de docentes y coordinadores para evitar la repetición de hechos similares. El caso reabre el debate sobre el rol de la escuela y la familia en la formación de jóvenes y la construcción de una sociedad más inclusiva.