El Gobierno argentino ha puesto en marcha el "Operativo Roca", una medida que involucra a las Fuerzas Armadas en la vigilancia de la frontera norte del país. Este operativo, oficializado el 15 de abril, tiene como objetivo reforzar la seguridad en zonas críticas y combatir actividades ilegales como el narcotráfico. La medida permite a las Fuerzas Armadas detener civiles en flagrancia, en colaboración con la Gendarmería Nacional, y está respaldada por la Ley de Defensa Nacional y el Decreto 1112/2024.

El despliegue incluye más de 10,000 efectivos del Ejército, de los cuales 1,300 se mantienen de forma permanente en áreas de intervención. Además, se emplean drones, radares móviles, helicópteros y sistemas de comunicación avanzados para las tareas de vigilancia. Según el ministro de Defensa, Luis Petri, esta medida es necesaria para combatir el crimen organizado y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas. "Es una medida controversial para quienes defienden narcos, terroristas y delincuentes. La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras", afirmó Petri.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también defendió la iniciativa, destacando que busca desmantelar redes criminales y devolver la legalidad a las comunidades. "Ni un milímetro del suelo argentino puede estar bajo control de las bandas criminales. Vamos a liberar cada rincón que haya sido tomado por el narcotráfico", aseguró Bullrich durante un acto en el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional en Tartagal.

El operativo se inscribe en un esfuerzo conjunto que incluye el Plan Güemes, iniciado el año pasado, y que busca reforzar la seguridad en la región de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza, considerada crítica por su actividad delictiva. Además, Bolivia colaborará informando en tiempo real sobre vuelos sospechosos procedentes de su territorio, lo que facilitará la interceptación de movimientos ilegales.

Sin embargo, la medida ha generado críticas por el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, algo que algunos consideran controversial. Petri defendió la decisión argumentando que países vecinos y Estados Unidos han adoptado medidas similares. Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, respaldó la iniciativa como urgente y necesaria para reforzar la presencia del Estado en zonas críticas.

El "Operativo Roca" representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en las fronteras del norte del país. Aunque la medida ha generado debate, sus impulsores aseguran que es un paso necesario para garantizar la tranquilidad y la legalidad en las comunidades afectadas.