La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión para Sergio Freixes y Mario Zabala, exministros del gobierno de San Luis, por presionar a jueces a firmar renuncias anticipadas antes de asumir sus cargos. El caso, que se remonta a los años 2004 y 2005, expuso un mecanismo sistemático de presión institucional sobre el Poder Judicial provincial, generando uno de los mayores escándalos políticos e institucionales de la provincia en las últimas décadas.

La maniobra, según quedó probado en la investigación, consistía en exigir a jueces y candidatos a magistrados la firma de renuncias sin fecha como condición para acceder o mantener sus cargos. Esta práctica, denunciada por la fiscal Gretel Diamante y la jueza Marina Ziliotto, buscaba garantizar la sumisión de los magistrados a los intereses del Poder Ejecutivo provincial. Ziliotto relató que, tras concursar y ser designada jueza de Cámara, se le exigió participar en un pedido de jury contra colegas bajo la amenaza de activar su renuncia anticipada. Al negarse, denunció el hecho, lo que desencadenó la investigación.

En 2018, el Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a Freixes y Zabala a cinco años de prisión por coacción agravada, aunque los absolvió por uno de los hechos investigados. En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravó la pena a seis años al sumar un segundo episodio, decisión luego confirmada por otra sala del mismo tribunal pese a nuevas apelaciones. Las defensas recurrieron a la Corte Suprema, que finalmente rechazó los planteos por inadmisibles, dejando firme la condena.

El fallo de la Corte Suprema es considerado un hito en la defensa de la independencia judicial y un mensaje claro contra la subordinación de jueces al poder político. Organizaciones como Poder Ciudadano subrayaron la trascendencia de la resolución, destacando que la protección de la justicia independiente es fundamental para el sistema republicano. La sentencia, que llega tras casi dos décadas de proceso judicial, marca el cierre de un capítulo oscuro en la historia institucional de San Luis y sienta un precedente relevante para la protección de la independencia judicial en Argentina.