La comunidad educativa de Sunchales y Rafaela, en la provincia de Santa Fe, vive momentos de tensión tras la aparición de amenazas de tiroteos en redes sociales, apenas días después del trágico ataque en una escuela de San Cristóbal. Las advertencias, difundidas a través de cuentas anónimas de Instagram y viralizadas por WhatsApp, mencionaban posibles ataques armados a escuelas técnicas y secundarias de la región, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Cuatro directores de escuelas, una madre de alumno y un funcionario municipal radicaron denuncias ante la policía, que inició una investigación cibernética. El operativo permitió identificar y detener a un adolescente de 16 años en Sunchales, a quien se le secuestró un revólver calibre .22 y varios dispositivos electrónicos. Las imágenes de armas que acompañaban las amenazas resultaron ser capturas de pantalla de publicaciones ajenas, sin que se encontraran armas artesanales reales en el domicilio del joven.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, encabezó una conferencia de prensa en la que descartó una vinculación directa entre las amenazas y el reciente tiroteo en San Cristóbal, aunque reconoció un "efecto contagio" en el imaginario social. "Nunca volveremos a ser iguales", afirmó Goity, subrayando el impacto emocional y la necesidad de un retorno paulatino a la normalidad escolar. Las clases presenciales en la zona fueron suspendidas temporalmente y se reforzaron los equipos de salud mental.

Desde las escuelas, directivos como Romina Indelman, de la Escuela Malvinas Argentinas, manifestaron su preocupación y la sensación de impotencia ante la falta de recursos y respuestas institucionales. "Sentimos como que estamos atados de manos porque mucho no podemos hacer", expresó, detallando que se solicitaron medidas excepcionales como el ingreso sin mochilas, aunque no pueden realizar requisas a los estudiantes.

Las autoridades provinciales enviaron pautas a los establecimientos educativos y mantienen abiertas las investigaciones. El adolescente detenido permanece bajo intervención judicial, mientras su familia mantiene contacto restringido según lo dispuesto por la Justicia. El caso pone en evidencia la sensibilidad social tras el ataque de San Cristóbal y la necesidad de fortalecer la prevención y el acompañamiento en las escuelas de la región.