En Misiones, Argentina, una decisión del Tribunal Electoral ha generado una fuerte polémica al excluir a más de 20,000 efectivos de las fuerzas de seguridad y armadas del padrón electoral para las elecciones provinciales del 8 de junio. La medida, basada en el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, prohíbe a estos sectores emitir su voto, lo que ha sido calificado como inconstitucional por diversos sectores.

El Tribunal Electoral justificó su decisión en una norma que data de 1958, pero que había sido declarada inconstitucional en 2006 por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Según el fallo de entonces, la prohibición era arbitraria y violatoria de derechos fundamentales, como el sufragio universal garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

La resolución afecta a efectivos de la Policía de Misiones, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, Prefectura Naval, Policía Federal, entre otros. La oposición y organizaciones de derechos humanos han denunciado la medida como discriminatoria y una maniobra política para reducir el caudal de votos de candidatos opositores, como Ramón Amarilla, un ex suboficial detenido y líder de protestas policiales.

Amarilla, quien encabeza una lista opositora desde la cárcel, fue detenido en septiembre de 2024 bajo acusaciones de sedición. Su candidatura ha generado tensiones en la provincia, y la exclusión de las fuerzas de seguridad del padrón electoral es vista por sus seguidores como un intento de silenciar a sus votantes.

La medida ha provocado reacciones diversas. Mientras que desde el oficialismo se argumenta que la decisión cumple con la Constitución Provincial, la oposición y sectores jurídicos la califican como un retroceso democrático. "En una democracia seria, los uniformados también votan. La ciudadanía no se pierde por portar un uniforme", señalaron abogados constitucionalistas.

Organizaciones y abogados han anunciado que presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la medida y solicitarán su nulidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso podría escalar a instancias judiciales nacionales, generando un debate sobre los derechos políticos de las fuerzas de seguridad y el alcance del sufragio universal en Argentina.

La controversia se da en un contexto de tensiones políticas y sociales en Misiones, con denuncias de persecución a opositores y un clima de polarización que podría influir en los resultados de las próximas elecciones. La decisión del Tribunal Electoral no solo afecta a un sector específico, sino que plantea interrogantes sobre la vigencia de los derechos democráticos en la provincia.