Una organización narco liderada por Marcia Daniela Giovanetone, conocida como “La Marcia”, fue desarticulada tras una serie de operativos en Luján y General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. La investigación, que se extendió por más de seis meses y estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón, permitió identificar a Giovanetone como la jefa de una estructura criminal de carácter familiar dedicada a la venta de drogas y al lavado de activos.

Durante los procedimientos, la Justicia ordenó el decomiso de tres propiedades valuadas en 280.000 dólares y seis vehículos de alta gama por un valor aproximado de 150.000 dólares, todos adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico. Además, se incautaron 8,6 kilos de cocaína, cuyo valor de mercado asciende a 36.000 dólares, junto a dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

La banda operaba principalmente desde el barrio Ameghino, donde utilizaba búnkers equipados con sistemas de videovigilancia que eran monitoreados remotamente por la propia Giovanetone a través de dispositivos electrónicos. La estructura criminal incluía a familiares directos de la líder, quienes cumplían funciones de distribución, recaudación y logística. Entre los detenidos se encuentran su pareja, Carlos Salas, y su hijo mayor, Tomás Hernández, además de otros colaboradores.

A pesar del éxito de los allanamientos, Marcia Giovanetone logró escapar mientras cumplía prisión domiciliaria y actualmente se encuentra prófuga, con orden de captura nacional e internacional. Las autoridades resaltaron la capacidad de la organización para retomar su actividad rápidamente tras cada intervención policial, así como el uso de tecnología para el control de sus operaciones.

La investigación también reveló que Giovanetone percibió beneficios sociales entre 2015 y 2022, a pesar de su notable incremento patrimonial. El caso, que sigue bajo la órbita del juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, continúa abierto, con la búsqueda activa de la líder y la investigación de posibles cómplices y maniobras de lavado de dinero. El impacto de la banda en la comunidad fue significativo, con denuncias de amenazas y violencia, lo que motivó la intervención coordinada de las fuerzas de seguridad y la Justicia.