Un trágico derrumbe en un edificio del barrio Güemes, en la ciudad de Córdoba, ha dejado un saldo de un fallecido y varios heridos, además de poner en evidencia fallas estructurales y posibles negligencias en la construcción y mantenimiento del inmueble. El incidente ocurrió el sábado por la noche, cuando parte de la mampostería del edificio María Reina V colapsó sobre un bar y una vivienda, causando la muerte de Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, y dejando a otras siete personas heridas, algunas con traumatismos graves.

Vecinos y exinquilinos del edificio habían advertido desde hace años sobre grietas y desprendimientos en la estructura. Patricia, una exinquilina, afirmó que las reparaciones realizadas eran superficiales y no abordaban los problemas reales. "Siempre supimos que se iba a caer", declaró en una entrevista radial. Además, se conoció que la constructora Fito SRL, responsable de la edificación entre 2010 y 2012, había sido denunciada en 2012 por mala praxis, lo que derivó en multas y una condena judicial, aunque no se tomaron medidas preventivas suficientes.

La Municipalidad de Córdoba activó un protocolo de emergencia para asistir a los afectados, brindando alojamiento temporal y apoyo logístico. Sin embargo, los damnificados han señalado la falta de controles preventivos como una de las causas principales de la tragedia. La normativa local establece que la calidad constructiva es responsabilidad de los profesionales a cargo, pero este caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de los controles municipales en obras privadas.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 5, encabezada por Celeste Blasco, ha solicitado peritajes técnicos a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para determinar las causas del colapso. Según expertos, el derrumbe pudo deberse a errores en la construcción, falta de mantenimiento o deterioro por humedad. Además, se están recolectando declaraciones de testigos y analizando filmaciones del incidente.

El edificio, que recibió el final de obra en 2018, ya había presentado desprendimientos menores en el pasado, según registros municipales. La abogada Karina Zeverin, quien representó a una locataria afectada en 2012, cuestionó cómo un inmueble con antecedentes de irregularidades pudo obtener la habilitación final. "Este edificio se engendró mal, siguió mal y terminó mal", afirmó.

Mientras tanto, la Municipalidad ha intimado al consorcio del edificio a presentar un plan de reestructuración en un plazo de 24 horas. Sin embargo, expertos señalan que la responsabilidad recae principalmente en los profesionales que diseñaron y ejecutaron la obra. "La Municipalidad no puede garantizar la calidad técnica de lo construido; eso es responsabilidad de los arquitectos e ingenieros", explicó Gabriel Sánchez, especialista en Higiene y Seguridad.

El caso ha generado indignación entre los vecinos y reavivado el debate sobre la seguridad en las construcciones urbanas. La investigación continúa bajo un estricto secreto de sumario, mientras los afectados exigen justicia y medidas para evitar tragedias similares en el futuro.