La Justicia federal investiga si Lázaro Báez, empresario condenado en la causa Vialidad, intentó transferir parte de su patrimonio a su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, con el objetivo de evadir el decomiso de casi 685.000 millones de pesos. La sospecha surgió tras una visita de Insaurralde al penal de Río Gallegos, donde Báez cumple su condena, en la que fue interceptada con documentos relacionados a bienes del empresario.

Según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Insaurralde habría intentado que Báez firmara poderes y otros papeles vinculados a sus propiedades, lo que encendió las alarmas del Servicio Penitenciario y motivó la intervención judicial. "Las explicaciones inverosímiles del abogado defensor de Báez nada aportaron para echar luz sobre la brumosa y grave situación que advirtieron los funcionarios penitenciarios", señalaron los fiscales en su presentación.

El decomiso impuesto a Báez y otros condenados, entre ellos Cristina Kirchner, asciende a $684.990.350.139,86, una cifra sin precedentes en la historia judicial argentina. Los fiscales solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que se investigue el patrimonio de Insaurralde desde 2016 y que se extiendan las restricciones sobre actos jurídicos a todos los condenados, para evitar maniobras que dificulten la recuperación de los fondos.

La defensa de Báez, encabezada por Juan Villanueva, sostiene que la visita de Insaurralde solo tenía como fin la designación de nuevos abogados y que los documentos no implicaban la disposición de bienes. "Claudia entró al penal con esos dos escritos de designación y un poder de administración, no de disposición", afirmó Villanueva, quien además denunció una supuesta falta de objetividad por parte de los fiscales.

En paralelo, la Justicia unificó la condena de Báez en 15 años de prisión por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K, desestimando el pedido de reducción de la defensa y la solicitud de la UIF de elevar la pena a 16 años. El caso reaviva el debate sobre la capacidad del sistema judicial para asegurar la restitución de fondos públicos en casos de corrupción de alto perfil y la efectividad de las medidas cautelares para evitar maniobras de ocultamiento de bienes.