El Gobierno nacional, en un intento por recomponer el diálogo político tras la contundente derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires, designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior y restauró la jerarquía ministerial de esa cartera, que había sido degradada a secretaría en 2024. La medida busca fortalecer los puentes con los gobernadores y responder a la creciente presión de las provincias, que reclaman mayor participación y cumplimiento de compromisos asumidos por la Nación.

Catalán, quien hasta ahora se desempeñaba como vicejefe de gabinete de Interior, inició una ronda de negociaciones con los gobernadores de Chaco, Mendoza y Entre Ríos, y tiene previsto viajar a Tucumán junto a Karina Milei. El flamante ministro convocó a la denominada "Mesa Federal", un espacio de diálogo impulsado por el Gobierno tras la derrota electoral, con el objetivo de escuchar los reclamos provinciales y buscar consensos.

Sin embargo, la convocatoria no logró disipar el malestar de los mandatarios provinciales, quienes insisten en la necesidad de que el Gobierno no vete la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aprobada por consenso de las 24 provincias. Desde la Casa Rosada, se anticipó que el presidente Javier Milei vetará la normativa, argumentando que la ley no especifica el origen de los fondos y que el equilibrio fiscal es prioritario. "Es muy fácil sentarse y aprobar estas leyes, pero el Presidente no puede desequilibrar las cuentas", justificó Catalán en declaraciones a la prensa.

El nuevo ministro también criticó duramente a los gobernadores Ricardo Quintela y Axel Kicillof, cuestionando su gestión y su postura política frente al Gobierno nacional. "Quintela es el paradigma de una administración deficiente", afirmó Catalán, quien además señaló que la reciente elección en Buenos Aires fue una muestra de la vigencia del peronismo en su bastión histórico.

A pesar de los gestos de apertura, los gobernadores mantienen su escepticismo y advierten que el cambio de nombres no es suficiente si no se otorga verdadero poder de decisión a los interlocutores nacionales. La relación entre Nación y provincias atraviesa un momento crítico, marcado por la desconfianza y la falta de avances en la resolución de los problemas estructurales que afectan a las jurisdicciones del interior. El futuro del diálogo dependerá de la capacidad del Gobierno para ofrecer respuestas concretas y evitar una nueva escalada de tensiones políticas.