El Senado de la Nación aprobó este jueves un paquete de leyes que contempla un aumento del 7,2% para jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y mejoras en las prestaciones por discapacidad. La medida, celebrada por organizaciones de jubilados y sectores de la oposición, representa un incremento fiscal estimado en hasta el 2,6% del PBI, lo que equivale a unos 13.000 millones de dólares anuales, según cálculos oficiales.

El presidente Javier Milei reaccionó de inmediato anunciando que vetará las leyes aprobadas y, en caso de que el Congreso insista en su sanción, recurrirá a la judicialización del proceso. "Quieren romper todo… los gobernadores son parte del problema, no de la solución", expresó Milei, quien también calificó de "traidora" a la vicepresidenta Victoria Villarruel, evidenciando fracturas internas en el oficialismo.

La estrategia del Gobierno apunta a demorar la implementación de las medidas hasta después de las elecciones legislativas de octubre, con la esperanza de revertir la correlación de fuerzas en el Congreso. Mientras tanto, la Casa Rosada sostiene que la sesión fue "ilegal" y evalúa alternativas legales para frenar la aplicación de las leyes.

El paquete aprobado incluye, además del aumento a jubilados, la ampliación de beneficios para personas con discapacidad y cambios en la distribución de fondos a las provincias. El impacto fiscal preocupa al equipo económico, que negocia con el FMI el cumplimiento de metas de superávit primario para 2025 y 2026.

La votación en el Senado fue posible gracias a la confluencia de legisladores opositores y algunos oficialistas, reflejando el creciente aislamiento del Gobierno. La relación con los gobernadores, clave para la gobernabilidad, atraviesa uno de sus peores momentos, lo que complica la posibilidad de acuerdos futuros.

Organizaciones de jubilados y sectores sociales celebraron la aprobación como un logro de la movilización y la presión sostenida en las calles. Sin embargo, el futuro de las leyes es incierto ante la promesa de veto presidencial y la posibilidad de judicialización, en un contexto de alta polarización política y crisis económica.