El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exigió al gobernador bonaerense Axel Kicillof el pago de $27.000 millones por la atención de personas en situación de calle con domicilio en la provincia de Buenos Aires que reciben asistencia en la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo, formalizado por los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hacienda ante el Ministerio de Economía bonaerense, se fundamenta en el Decreto 373/2025 y la Ley 27.654, que asignan a las provincias la responsabilidad de asistir a sus residentes vulnerables.

Según datos oficiales, actualmente la Ciudad asiste a 2.327 bonaerenses en sus 61 Centros de Inclusión Social, lo que representa un costo mensual de $1.163.135 por persona y un total de $27.066 millones desde la entrada en vigencia del decreto. Macri argumentó que estos recursos, financiados por los porteños, podrían destinarse a otras áreas si la provincia cumpliera con su parte. "Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley", expresó Macri en sus redes sociales.

La respuesta desde la provincia de Buenos Aires no se hizo esperar. Funcionarios bonaerenses, como el ministro de Desarrollo Andrés Larroque y el ministro de Producción Augusto Costa, señalaron que la crisis nacional y la caída de la recaudación dificultan la asistencia y acusaron a la Ciudad de desentenderse de la problemática. "A pesar de los recursos que nos robó Milei y la pavorosa caída de la recaudación, hacemos enormes esfuerzos para proteger a los bonaerenses", afirmó Larroque.

El último censo porteño, realizado en noviembre de 2025, mostró un aumento del 27,8% en la población en situación de calle respecto al año anterior, alcanzando a 5.176 personas. De ellas, el 68,8% está alojado en los centros de inclusión, mientras que el resto permanece en la vía pública. El fenómeno de bonaerenses que duermen en CABA para ahorrar en transporte se ha incrementado, reflejando el impacto de la crisis económica y la inflación.

El debate se politizó rápidamente, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición sobre las causas y soluciones del problema. Mientras la Ciudad insiste en el cumplimiento de la ley y la equidad en la distribución de recursos, la provincia responsabiliza al gobierno nacional y reclama mayor apoyo ante la emergencia social. El conflicto evidencia la complejidad de la problemática y la necesidad de una respuesta coordinada entre jurisdicciones.