El conflicto universitario en Argentina se profundiza con la confirmación de una nueva semana de paro nacional docente y no docente, que afectará a universidades de todo el país entre el 27 de abril y el 1° de mayo. La medida, definida por el congreso de la CONADU y ratificada por gremios como ADULP y AGD-UBA, responde a la exigencia de una recomposición salarial inmediata y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El paro, que contará con la adhesión de docentes, no docentes y estudiantes, se enmarca en un plan de lucha progresivo que incluye jornadas de visibilización y una Marcha Federal Universitaria prevista para el 23 de abril. En universidades como la Nacional de La Plata (UNLP) y la Nacional de Córdoba (UNC), la adhesión a las medidas de fuerza ha sido alta, con actividades como clases públicas, asambleas y protestas en las calles.

El conflicto se intensificó tras recientes fallos judiciales que obligan al Gobierno nacional a implementar de manera inmediata la ley 27.795, que establece la actualización salarial para docentes y no docentes y la recomposición de programas de becas. La Justicia Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y subrayó el carácter constitucional del derecho a la educación superior. Además, el Poder Judicial suspendió la declaración de "esencialidad" de la educación, permitiendo el ejercicio pleno del derecho a huelga.

Mientras tanto, la falta de clases ha generado divisiones en la comunidad educativa. En la UNLP, algunos padres expresaron su preocupación por la escasa actividad académica, mientras que otros apoyaron el reclamo docente a través de jornadas de reflexión y actividades públicas. En la UNC, la adhesión al paro alcanzó el 95% en algunas facultades, con fuerte participación estudiantil.

El Gobierno propuso un aumento salarial del 12% en cuotas hasta 2026, oferta rechazada por los gremios por considerarla insuficiente frente a la inflación y la pérdida salarial acumulada. Las organizaciones sindicales advierten que el retorno pleno a las aulas dependerá del cumplimiento efectivo de la ley y el pago de la deuda salarial.

El conflicto universitario se desarrolla en un contexto de ajuste presupuestario y negociaciones entre autoridades universitarias y el Gobierno, mientras crecen las acciones impulsadas desde la base estudiantil y docente. El desenlace dependerá de la respuesta oficial y la capacidad de movilización de la comunidad universitaria en las próximas semanas.