La empresa GMS, vinculada al exministro Florencio Randazzo, quedó en el centro de una investigación judicial por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El fiscal federal Franco Picardi incorporó al expediente cuadernos manuscritos del lobbysta Miguel Ángel Calvete, donde figuran nombres, empresas, montos y porcentajes de presuntos retornos, entre ellos GMS y Randazzo.

En San Juan, GMS fue contratada durante la gestión de Sergio Uñac para auditar la Obra Social Provincia, con pagos mensuales de $18 millones. El contrato, que se extinguió en diciembre de 2023, fue objeto de cuestionamientos tras detectarse prestaciones facturadas que nunca fueron brindadas. El ministro de Salud local informó la expulsión de 14 profesionales por maniobras fraudulentas.

A nivel nacional, los cuadernos de Calvete detallan un circuito de adjudicaciones direccionadas por miles de millones de pesos, con porcentajes de retornos que alcanzan hasta el 10%. Junto al nombre de Randazzo, aparecen referencias a la familia Menem y la palabra "seguridad", lo que sugiere posibles vínculos con contrataciones en Vialidad Nacional. En 2023, la empresa estatal Corredores Viales adjudicó a GMS un contrato de USD 360.400 más IVA por un sistema de telegestión de alumbrado público, pese a que la firma mantenía una deuda activa superior a $155 millones.

La Oficina Anticorrupción avaló el contrato, argumentando que no existía impedimento legal porque Randazzo era diputado nacional y no funcionario del Ejecutivo. Sin embargo, especialistas y exfuncionarios cuestionaron la ética de la adjudicación, señalando un conflicto de sentido común más allá de la legalidad formal.

El fiscal Picardi pidió la detención de Diego Spagnuolo y otros exfuncionarios de ANDIS, mientras la aparición de Randazzo y GMS en la causa reaviva el debate sobre transparencia y conflictos de interés en las contrataciones estatales. El caso genera preocupación en San Juan y a nivel nacional por el manejo de fondos públicos y la auditoría de servicios esenciales, en un contexto de investigaciones previas sobre corrupción en organismos estatales y proveedores.